La pobreza infantil en España: crecer con menos oportunidades en uno de los países europeos con mayor desigualdad

El Día Mundial de la Infancia, que se celebra cada 20 de noviembre, vuelve a poner el foco en una de las principales asignaturas pendientes de España: la pobreza infantil. Más allá de las cifras, las dificultades económicas de las familias condicionan la alimentación, la vivienda, la educación y las posibilidades de desarrollo de millones […]

España registra un 33,8 % de menores de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión social. Las cifras del INE y Eurostat muestran el alcance del problema. Pixabay

El Día Mundial de la Infancia, que se celebra cada 20 de noviembre, vuelve a poner el foco en una de las principales asignaturas pendientes de España: la pobreza infantil. Más allá de las cifras, las dificultades económicas de las familias condicionan la alimentación, la vivienda, la educación y las posibilidades de desarrollo de millones de niños y adolescentes. La desigualdad comienza mucho antes de la vida adulta y sus consecuencias pueden prolongarse durante generaciones.

Nacer en una familia con dificultades económicas puede determinar buena parte de las oportunidades de una persona antes incluso de que empiece a ir al colegio. El lugar donde vive, las condiciones de su vivienda, la estabilidad laboral de sus padres o la posibilidad de acceder a actividades educativas fuera del horario escolar influyen en su desarrollo desde los primeros años. En España, esta realidad afecta a una proporción especialmente elevada de niños y adolescentes y sitúa la pobreza infantil entre los problemas sociales más persistentes del país.

Con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora el 20 de noviembre, los indicadores de desigualdad vuelven a plantear una pregunta incómoda: por qué una de las principales economías de la Unión Europea continúa registrando niveles tan elevados de vulnerabilidad entre los menores. La respuesta no puede reducirse a la falta de ingresos de determinadas familias. También intervienen el coste de la vivienda, la precariedad laboral, la composición de los hogares, las diferencias territoriales y la capacidad de las políticas públicas para proteger a quienes dependen económicamente de los adultos.

La Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) permite medir este problema mediante el indicador AROPE, que reúne tres situaciones diferentes: riesgo de pobreza económica, carencia material y social severa y baja intensidad de empleo en el hogar. No significa que todos los menores incluidos en esta categoría vivan las mismas privaciones, pero sí que se encuentran expuestos a alguna de las principales formas de vulnerabilidad social.

La distinción es importante porque permite comprender que la pobreza infantil no se manifiesta siempre de manera visible. Puede afectar a una familia que tiene ingresos regulares, pero que debe dedicar una parte desproporcionada de su presupuesto al alquiler; a un hogar en el que los adultos trabajan y, aun así, no consiguen cubrir todos los gastos; o a niños que disponen de lo imprescindible para subsistir, pero carecen de oportunidades educativas y sociales que otros menores de su edad consideran habituales.

Una desigualdad que empieza en la infancia

La pobreza infantil tiene características que la diferencian de la pobreza en otras etapas de la vida. Los menores no pueden modificar por sí mismos los ingresos familiares, elegir dónde viven o decidir qué recursos se destinan a su educación. Su bienestar depende fundamentalmente de las condiciones del hogar y del acceso a servicios públicos capaces de compensar las desigualdades de partida.

Esta dependencia convierte la situación económica de los adultos en un factor determinante para el desarrollo infantil. Una pérdida de empleo, una enfermedad prolongada o una subida del alquiler pueden alterar rápidamente la estabilidad de una familia y obligarla a reducir gastos que antes parecían asumibles. En los hogares con niños, esas decisiones afectan también a personas que no tienen capacidad para intervenir en ellas.

Las consecuencias pueden acumularse. Las dificultades para mantener una alimentación adecuada, disponer de un espacio tranquilo para estudiar o participar en actividades extraescolares no siempre producen efectos inmediatos, pero pueden limitar las oportunidades educativas y sociales a medio plazo. Cuando estas situaciones se prolongan durante años, aumenta el riesgo de que la desigualdad económica termine reproduciéndose entre generaciones.

Por eso, las organizaciones especializadas en derechos de la infancia insisten en que la pobreza infantil debe analizarse desde una perspectiva más amplia que la estrictamente monetaria. No se trata únicamente de conocer cuántos hogares se encuentran por debajo de un determinado umbral de ingresos, sino de identificar qué experiencias y oportunidades quedan fuera del alcance de los niños que crecen en ellos.

España supera en más de nueve puntos la media europea de pobreza infantil

La comparación internacional permite dimensionar la gravedad del problema. Según los datos de Eurostat correspondientes a 2025, el 33,8 % de los menores de 18 años residentes en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 24,3 % de media en la Unión Europea. España registraba así la tasa más elevada de los Estados miembros, por delante de Bulgaria, con un 33,1 %, y Rumanía, con un 32,4 %. La distancia respecto al promedio comunitario alcanzaba los 9,5 puntos porcentuales.

España supera en 9,5 puntos porcentuales la media de la Unión Europea y registra una tasa casi tres veces superior a la de Eslovenia.

El dato supone una actualización relevante respecto a las cifras difundidas anteriormente por organizaciones sociales, que situaban a España en segunda posición europea. La estadística de 2025 muestra que el país encabeza actualmente esta clasificación, aunque también refleja una ligera mejoría respecto al ejercicio anterior. En el caso de los menores de 16 años, el INE sitúa la tasa AROPE en el 33,9 %, frente al 34,7 % registrado en 2024. Se trata de una reducción de ocho décimas que no modifica sustancialmente la dimensión del problema: aproximadamente uno de cada tres niños de ese grupo de edad continúa expuesto a situaciones de vulnerabilidad económica o social.

La evolución de los últimos años muestra, además, que la pobreza infantil no es un fenómeno exclusivamente vinculado a una crisis económica concreta. Aunque los indicadores fluctúan en función del empleo, los ingresos y las medidas de protección social, España mantiene desde hace tiempo una diferencia considerable respecto a numerosos países europeos. Esta persistencia obliga a examinar tanto las condiciones económicas de las familias como la eficacia de los mecanismos destinados a proteger a los menores.

Tener trabajo no siempre garantiza salir de la pobreza

Una de las dificultades para combatir la pobreza infantil es que no afecta únicamente a familias cuyos adultos están desempleados. La existencia de ingresos laborales no garantiza necesariamente que un hogar pueda afrontar todos sus gastos, especialmente cuando los salarios son bajos, los contratos son inestables o la vivienda absorbe una parte elevada del presupuesto familiar.

En los hogares con menores, las necesidades económicas también son diferentes de las de una persona que vive sola. A los gastos habituales de alimentación, suministros y vivienda se añaden los relacionados con la crianza, la educación, el transporte, el vestido y los cuidados. Cuando los recursos son limitados, las familias deben distribuirlos entre necesidades que resultan igualmente importantes, con escaso margen para afrontar imprevistos.

La composición del hogar puede agravar esa vulnerabilidad. Las familias monoparentales, especialmente cuando dependen de un único salario, disponen de menos posibilidades para compensar una reducción de ingresos o una interrupción de la actividad laboral. También pueden experimentar mayores dificultades los hogares numerosos, aquellos cuyos adultos tienen empleos precarios o los que carecen de redes familiares de apoyo.

El informe sobre pobreza infantil en España publicado por UNICEF en 2025 identifica precisamente la situación laboral, la estructura familiar y la distribución territorial de los recursos como factores fundamentales para explicar la persistencia del problema. La organización defiende que las políticas contra la pobreza deben combinar ayudas económicas con actuaciones sobre el empleo y el acceso a servicios esenciales, porque las transferencias monetarias, aunque importantes, no resuelven por sí solas todas las desigualdades.

El precio de la vivienda condiciona la vida de las familias

La vivienda constituye uno de los elementos más relevantes para comprender cómo se manifiesta la pobreza infantil en la vida cotidiana. El aumento del coste del alquiler en numerosos municipios, especialmente en grandes ciudades y áreas metropolitanas, reduce los ingresos disponibles para cubrir otras necesidades. Una familia puede superar formalmente el umbral de pobreza monetaria y, sin embargo, encontrarse en una situación de fuerte presión económica después de pagar la vivienda y los suministros.

Las consecuencias no se limitan a la capacidad de consumo. Vivir en una casa demasiado pequeña, compartir habitaciones por necesidad o carecer de un espacio adecuado para estudiar puede influir en la convivencia familiar y en las condiciones de aprendizaje. La inseguridad residencial, por su parte, dificulta la estabilidad de los menores cuando obliga a cambiar de domicilio, barrio o centro educativo.

También existe una dimensión territorial. Las posibilidades de acceder a determinados servicios dependen del lugar de residencia y de la disponibilidad de recursos públicos. El transporte escolar, las actividades extraescolares, los centros de atención temprana o los espacios deportivos y culturales no tienen la misma presencia en todos los municipios.

Los datos generales de la Encuesta de Condiciones de Vida muestran diferencias significativas entre comunidades autónomas. En 2025, Andalucía registró una tasa AROPE del 34,7 % para el conjunto de su población, seguida de Castilla-La Mancha, con un 34 %, y la Región de Murcia, con un 32,5 %. En el extremo contrario se situaron el País Vasco, con un 14,7 %, Baleares, con un 15,2 %, y Navarra, con un 16,5 %. Estas cifras no corresponden exclusivamente a menores, pero ilustran la desigual distribución territorial de la vulnerabilidad social en España.

La educación puede compensar desigualdades, pero también reproducirlas

La escuela desempeña un papel esencial en la protección de la infancia porque ofrece oportunidades de aprendizaje y socialización que no deberían depender de la capacidad económica de las familias. Sin embargo, el acceso a la educación obligatoria no elimina automáticamente todas las diferencias de partida.

Los recursos disponibles fuera del aula influyen en la experiencia educativa. Disponer de conexión a internet, material escolar, un entorno adecuado para estudiar o apoyo cuando aparecen dificultades académicas puede facilitar el aprendizaje. Las actividades deportivas, artísticas y culturales también contribuyen al desarrollo personal y a la construcción de relaciones sociales, pero su coste puede excluir a quienes viven en hogares con menos ingresos.

La desigualdad se manifiesta asimismo durante las vacaciones escolares. Para muchas familias, los periodos sin clases suponen un aumento de las necesidades de conciliación y de los gastos relacionados con el cuidado de los hijos. Los hogares con mayores recursos pueden recurrir a campamentos, actividades organizadas o apoyo privado, mientras que otros disponen de alternativas mucho más limitadas.

Esta situación explica por qué las políticas de infancia no pueden circunscribirse exclusivamente al sistema educativo. Las becas, las ayudas de comedor, la educación infantil accesible y los servicios de conciliación forman parte de una red de protección que puede reducir las diferencias entre menores procedentes de distintos entornos económicos.

La pobreza también afecta a la participación social y al bienestar emocional

Las consecuencias de la vulnerabilidad económica no siempre son materiales. La imposibilidad de participar en determinadas actividades, celebrar acontecimientos con amigos o disponer de los mismos recursos que otros compañeros puede generar sentimientos de exclusión. Durante la infancia y la adolescencia, etapas en las que las relaciones con los iguales tienen una importancia creciente, estas diferencias pueden influir en la autoestima y en el sentimiento de pertenencia.

No significa que todos los menores que viven en hogares con bajos ingresos experimenten problemas emocionales ni que la situación económica determine inevitablemente su desarrollo. La calidad de las relaciones familiares, el apoyo del entorno y la disponibilidad de servicios públicos pueden actuar como factores de protección. Sin embargo, la exposición prolongada a dificultades económicas añade presiones que otras familias no tienen que afrontar con la misma intensidad.

También resulta importante evitar que la pobreza infantil se convierta en una etiqueta que defina a quienes la padecen. Los niños y adolescentes no constituyen un grupo homogéneo y sus experiencias dependen de múltiples circunstancias. Reducir su situación a una estadística puede ocultar tanto sus necesidades específicas como sus capacidades y aspiraciones.

Desde una perspectiva de derechos, la cuestión fundamental es garantizar que todos los menores dispongan de condiciones adecuadas para desarrollarse, con independencia de los recursos económicos de sus familias.

Las ayudas a la infancia y el debate sobre las políticas públicas

España dispone de distintos instrumentos destinados a reducir la vulnerabilidad económica de los hogares. Entre ellos se encuentra el Ingreso Mínimo Vital, una prestación dirigida a personas y unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad, así como el complemento de ayuda para la infancia, que establece cuantías vinculadas a la edad de los menores y al cumplimiento de determinados requisitos.

Estas medidas forman parte de una estrategia de protección social que intenta mejorar los ingresos de las familias con menos recursos. No obstante, su efectividad depende de factores como la cobertura, la cuantía de las prestaciones, los requisitos de acceso y la capacidad de llegar a los hogares que reúnen las condiciones para recibirlas.

El debate sobre una prestación universal por crianza responde a una lógica diferente: reconocer que el cuidado y la educación de los hijos generan gastos adicionales y establecer un apoyo económico más amplio, no necesariamente limitado a las familias en situación de pobreza. Sus defensores consideran que podría contribuir a reducir la vulnerabilidad infantil y simplificar el acceso a las ayudas, mientras que su aplicación exige valorar cuestiones como el coste presupuestario, la progresividad fiscal y la coordinación con las prestaciones existentes.

UNICEF España ha analizado estas alternativas en su informe de 2025, que incluye simulaciones sobre el posible impacto de diferentes medidas de apoyo económico y actuaciones relacionadas con el empleo. La organización subraya la necesidad de evaluar las políticas a partir de resultados medibles y de combinar distintas herramientas para abordar un problema que tiene causas múltiples.

La discusión no se limita, por tanto, a determinar cuánto dinero debe destinarse a las ayudas familiares. También afecta al diseño de los servicios públicos, la protección frente a la exclusión residencial, la conciliación laboral y la capacidad de las administraciones para detectar situaciones de vulnerabilidad antes de que se agraven.

El Día Mundial de la Infancia recuerda que crecer con oportunidades es un derecho

El 20 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Infancia, una fecha vinculada a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Este último tratado internacional reconoce, entre otros principios, el derecho de los menores a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

La conmemoración adquiere especial relevancia en un país donde las estadísticas siguen mostrando una elevada proporción de niños y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión social. Aunque algunos indicadores han mejorado ligeramente, los datos de 2025 mantienen a España por encima de la media europea y ponen de manifiesto que el crecimiento económico o la mejora general del empleo no garantizan automáticamente una reducción suficiente de la vulnerabilidad infantil.

La pobreza durante la infancia tiene además una dimensión temporal que la diferencia de otros problemas sociales. Las oportunidades educativas, las condiciones de salud y las experiencias de desarrollo que se pierden en los primeros años no siempre pueden recuperarse completamente en la edad adulta. Por eso, las intervenciones tempranas tienen una importancia particular: no sólo pueden mejorar el bienestar presente, sino también reducir las desigualdades futuras.

El desafío consiste en transformar esa evidencia en políticas sostenidas y evaluables. Los datos permiten identificar la magnitud del problema, pero no sustituyen las decisiones necesarias para abordarlo. Mientras aproximadamente uno de cada tres menores siga creciendo en España bajo riesgo de pobreza o exclusión social, la igualdad de oportunidades continuará siendo un objetivo pendiente.