El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y los representantes legales del rey emérito Juan Carlos I no lograron cerrar un acuerdo durante el acto de conciliación celebrado este viernes en el complejo judicial de Salesas, en Santander. La cita, que forma parte del procedimiento previo a una posible demanda por derecho al honor, terminó sin avances y todo apunta a que el caso acabará resolviéndose en los tribunales.
Desde primera hora, Revilla se mostró firme en su postura. “No tengo nada que retractarme”, comentó antes de entrar en los juzgados. Según él, sus declaraciones sobre el monarca reflejan la opinión de buena parte de la ciudadanía y están respaldadas por información publicada en diversos medios. “Yo no me invento las cosas, me baso en fuentes públicas”, explicó después de la vista, dejando claro que no piensa rectificar.
El origen de este enfrentamiento se remonta a unas declaraciones que Revilla ha venido realizando desde 2022 en diferentes programas de televisión y entrevistas. En ellas, cuestiona con dureza el comportamiento del rey emérito en sus últimos años en la jefatura del Estado y tras su abdicación. Por ello, la defensa de don Juan Carlos exige al expresidente cántabro una rectificación pública y el pago de una indemnización de 50.000 euros, que iría destinada a Cáritas.
Durante su intervención ante los medios, Revilla insistió en que le habría parecido razonable que el propio monarca se hubiese presentado en el acto de conciliación. “Está en España, en Sanxenxo, y tiene todos los medios para venir”, comentó con cierto tono irónico. “Quizás así podríamos haber tenido un cara a cara. Me habría gustado explicarle por qué he dicho lo que he dicho”.
A pesar de la presión mediática y jurídica, Revilla se mostró tranquilo. Confesó haber estado afectado durante los primeros días tras conocer la demanda, pero asegura tener la conciencia limpia. “Soy un ciudadano que cumple, no he hecho nada ilegal”, recalcó.
Además, aprovechó la ocasión para reiterar su respeto por la figura institucional del monarca en momentos históricos relevantes, como el 23-F, aunque mostró su decepción por el comportamiento posterior del rey emérito. “Le tenía admiración, pero su última etapa ha sido muy difícil de defender”, sentenció.
La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, es quien representa la acusación. Esta jurista, conocida por llevar otros casos de perfil público, sostiene que las palabras de Revilla han sobrepasado los límites de la libertad de expresión y dañan el honor de su cliente. Entre los términos que han provocado la acción legal se encuentran expresiones como “evasor” o “corrupto”, que el expresidente habría repetido en varias ocasiones ante los medios.
El caso añade una nueva dimensión al debate sobre los límites entre la crítica pública y el respeto al honor de figuras relevantes. Mientras tanto, ambas partes se preparan ya para un juicio que podría sentar precedente.
