Un juzgado de Barcelona ha ordenado el desahucio de la Fundación Privada Montserrat Caballé, ubicada en el número 259 de la calle Muntaner, por una deuda acumulada de 41.256,73 euros en concepto de alquiler. La resolución afecta directamente a Carlos Caballé Folch, hermano de la célebre soprano, quien reside en el inmueble, así como a los miembros del patronato de la fundación, entre ellos sus hijos y su sobrina.
La orden judicial, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona, establece que el desalojo se ejecutará el próximo 3 de octubre a las 10:00 de la mañana, con posibilidad de intervención de la fuerza pública si se impide el acceso. La deuda se divide en dos partes: 22.493,93 euros corresponden a impagos del alquiler por parte de Carlos Caballé, mientras que la fundación adeuda 18.762,80 euros por mensualidades no abonadas entre 2023 y 2025.
La Fundación fue creada en 2019, un año después del fallecimiento de Montserrat Caballé, con el objetivo de preservar su legado artístico y apoyar a jóvenes talentos del canto lírico. La presidenta actual es su sobrina, Montserrat Caballé Claus, quien ha manifestado públicamente su deseo de mantener viva la memoria de la artista a través de actividades culturales y educativas.
El Ayuntamiento de Barcelona ha recibido una solicitud de suspensión cautelar del desahucio, presentada por el abogado de Carlos Caballé, alegando su situación de vulnerabilidad: edad avanzada, ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales y ausencia de alternativa habitacional. Un informe de los Servicios Sociales respalda esta petición, advirtiendo que el desalojo podría tener consecuencias irreparables para su salud y dignidad.
Los propietarios del inmueble intentaron resolver la situación de forma extrajudicial, enviando varios requerimientos de pago desde enero de 2025, pero no obtuvieron respuesta efectiva. Ante la falta de regularización, presentaron una demanda judicial que culminó en la autorización del lanzamiento.
La Fundación, que cuenta entre sus patronos honoríficos con instituciones como el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real de Madrid y artistas como Josep Carreras y Carlos Álvarez, enfrenta ahora un futuro incierto. De no prosperar la suspensión, perderá su sede física en Barcelona, lo que podría afectar gravemente su actividad y continuidad.
Este episodio marca un momento amargo para la familia Caballé, siete años después del fallecimiento de la soprano, y pone en riesgo el proyecto que buscaba perpetuar su legado en el mundo de la ópera.
