El Consejo de Transparencia ha dictaminado que Radio Televisión Española (RTVE) debe hacer público el contrato y el sueldo de David Broncano en La Revuelta, tras una disputa sobre la confidencialidad de estos datos. La resolución surge después de que la corporación pública se negara a facilitar esta información, argumentando que hacerlo supondría un perjuicio para sus intereses comerciales y futuros acuerdos.
Gracias al Portal de Transparencia, cualquier ciudadano puede solicitar información sobre el uso del dinero público, incluyendo contratos, facturas y sueldos de trabajadores de entidades financiadas por el Estado. Este derecho busca garantizar la fiscalización de los recursos públicos y el control ciudadano sobre la gestión administrativa. Sin embargo, RTVE ha resistido en varias ocasiones a divulgar ciertos datos, amparándose en cláusulas de confidencialidad.
No es la primera vez que RTVE se enfrenta a una petición de este tipo. En 2019, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo falló en contra de la cadena pública y la obligó a revelar los sueldos de 213 directivos que ocuparon 193 cargos diferentes. En aquel caso, el sindicato USO y el propio Consejo de Transparencia argumentaron que el derecho de los ciudadanos a conocer en qué se gasta el dinero público estaba por encima de cualquier cláusula de confidencialidad.
En esta ocasión, el foco de la controversia es David Broncano y el programa La Revuelta. Varios medios de comunicación y un ciudadano anónimo solicitaron información sobre el sueldo del presentador y las condiciones del contrato entre RTVE y las productoras encargadas del programa. La respuesta de la cadena fue negativa, esgrimiendo que la divulgación de estos datos podría perjudicar sus intereses comerciales y afectar las futuras negociaciones de la corporación.
Según RTVE, hacer público el contrato de Broncano y su sueldo implicaría desvelar información técnica y estratégica, lo que podría “encarecer futuras negociaciones” y afectar negativamente los presupuestos públicos. También señalaron que el contrato tiene una cláusula de confidencialidad que impide su divulgación.
El Consejo de Transparencia no aceptó estas justificaciones y dictaminó que los ciudadanos tienen derecho a conocer los detalles del contrato. En su resolución, subrayó que al tratarse de un gasto público significativo —La Revuelta cuesta 14.076.135,31 euros más IVA por temporada—, la ciudadanía tiene derecho a la información directa y no solo a lo que se publique en prensa.
El Consejo de Transparencia destacó que la confidencialidad comercial no puede estar por encima del derecho de los ciudadanos a conocer cómo se gasta el dinero público. Su dictamen concluye que RTVE debe proporcionar los datos solicitados, alineándose con la normativa de acceso a la información pública en España.
A pesar del fallo en su contra, RTVE todavía tiene la opción de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses. De hacerlo, el caso podría prolongarse, manteniendo el debate abierto sobre el equilibrio entre transparencia y confidencialidad en las entidades públicas.
El caso Broncano podría sentar un precedente para futuras solicitudes de información sobre los contratos de RTVE con otras figuras mediáticas. La resolución del Consejo de Transparencia refuerza la idea de que la gestión de fondos públicos debe estar sujeta a un control riguroso, incluso cuando existen cláusulas de confidencialidad en los acuerdos firmados.
Este conflicto reaviva el debate sobre hasta qué punto la televisión pública debe ser completamente transparente sobre sus contratos y sueldos. Mientras RTVE defiende la necesidad de proteger sus intereses comerciales, el Consejo de Transparencia y la ciudadanía exigen mayor claridad en el uso del dinero público. La resolución final dependerá de si RTVE decide recurrir o si finalmente hace públicos los detalles solicitados.
